48 diputados ecuatorianos elaboraron y firmaron una carta dirigida a la OEA, donde se señalan las “violaciones constitucionales y legales perpetradas en contra del Congreso, dirigidas desde las más altas esferas del Gobierno y ejecutadas a través de un incondicional y subalterno Tribunal Supremo Electoral, para mutilar a la oposición en el Congreso, con la destitución de 57 diputados”.
Según la denuncia, el vocal del TSE, Jorge Acosta, elegido por el Congreso en representación de un partido de oposición, fue destituido por el Congreso, el 6 de marzo, ante un pedido de ese partido, porque inesperadamente se apartó de las disposiciones de su partido que buscaban garantizar la idoneidad de la consulta popular convocada por el Ejecutivo. Por lo tanto, “cualquier actuación futura, en calidad de vocal, constituye delito de usurpación de funciones”.
Los diputados aclararon que en la carta dirigida al secretario general, José Miguel Insulza, no piden la intervención del organismo continental, sino que el Consejo de la OEA reciba a una delegación de diputados en comisión general. Además que envíe al Ecuador a una misión especial de observadores para que constaten de manera directa los hechos señalados en la denuncia y avale el normal trámite de las acciones legales que han iniciado (ante el Tribunal Constitucional).
La denuncia de ayer es el primer paso, en el orden externo, que la oposición da para recuperar sus curules. El siguiente, según Serrano, si esa denuncia no surte efecto, será presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que les restituya en sus cargos y sus derechos políticos, así como les indemnice por daños y perjuicios. Una denuncia similar a la presentada ante la OEA, fue propuesta ante la Unión Interparlamentaria Mundial y al Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
De otra parte, el Secretario General de la OEA, a través de un comunicado de prensa, reiteró su pedido para que el conflicto de poderes en el país se resuelva por la vía del diálogo, la sujeción irrestricta de las instituciones al régimen constitucional y el respeto absoluto al principio de la separación e independencia de los poderes públicos.
Insulza sostiene que esas son condiciones necesarias a las que deben contribuir todas las instituciones democráticas ecuatorianas para que el proceso político en marcha se realice conforme a los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Ese proceso (consulta popular) tendrá la legitimidad si se da en el marco del respeto irrestricto al Estado de Derecho. Ese pronunciamiento hizo Insulza al designar ayer al chileno Enrique Correa como su representante personal para el Ecuador y nuevo jefe de la misión de observación para la consulta popular del 15 de abril. Correa (no el presidente de los ecuatorianos), quien se posesionará la próxima semana, reemplaza a José Antonio Viera-Gallo, quien fue nombrado ministro secretario general de la Presidencia de Chile.
Fuente: Diario El Comercio,http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto.asp?id_noticia=66677, acceso 31 de marzo de 2007