Como se puede evidenciar en el primer epígrafe de esta sección, se tiene un marco normativo que ofrece bastantes garantías y el Estado juega un papel fundamental en el progreso social y material del país, como lo dicen los incisos 4 y 5 del artículo 3: Es deber del Estado "Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo". "Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes".
Y en el capítulo que habla sobre la gestión económica, se entrega al Estado la promoción de la actividad económica y la creación de estímulos para la creación de nuevas unidades productivas. Es decir, las normas son compatibles con el desarrollo de los mercados, el problema radica en las organizaciones encargadas de la creación y aplicación de las normas.
En Ecuador el ambiente político es de continua inestabilidad y trasgresión a los preceptos rectores constitucionales, es decir, hasta el más alto representante del ejecutivo (Presidente) ha trasgredido los preceptos constitucionales sin que se apliquen mecanismos que obliguen a cumplir con la constitución y las leyes.
Este mal ejemplo se ha hecho evidente en las últimas administraciones presidenciales, comenzando por la administración de Fabián Alarcón, en este período se redactó una nueva constitución, estando inhabilitado para hacerlo porque no fue un presidente de elección popular, simplemente debía ser un presidente interino que debía convocar a nuevas elecciones. El caso de Lucio Gutiérrez también merece ser destacado. Gutiérrez intentó acabar con las demás instituciones del poder al intentar clausurar el congreso y declarar ilegítimas las actuaciones de la rama judicial, aunque la constitución prohibe expresamente todas estas conductas, y por poco lo logra (las movilizaciones populares lo impidieron y lo obligaron a dimitir).
Ahora el Presidente Correa quiete redactar una nueva constitución, pero sus actuaciones también han trasgredido principios fundamentales como la independencia de las ramas del poder público al destituir a todos los parlamentarios de los partidos de oposición y excluirlos de la comisión redactora de la nueva constitución. Los organismos de control tienen posiciones ambiguas al respecto...
Qué se puede esperar de un país en el que ni sus mismos dirigentes aplican los preceptos constitucionales ¿Será que esta situación si incentiva la creación de empresas y el desarrollo de los mercados?, aunque la constitución lo establece claramente, el Estado no tiene ni la suficiente legitimidad (recuérdese el artículo de CEDATOS en este mismo blog) ni la suficiente capacidad de coerción para cumplir con sus labores.
La constitución dice que es deber del Estado garantizar la estabilidad macroeconómica, pero la nación tuvo que dolarizar su economía en el año 2000, lo cual implica la pérdida de autonomía en la gestión macroeconómica, es decir, la salud de la economía ecuatoriana depende significativamente del desempeño económico norteamericano, y esto puede crear mucha inestabilidad porque los ciclos económicos de estos países son bien diferentes.
Las organizaciones encargadas de la gestión macroeconómica y de la aplicación de las políticas institucionales en el Ecuador son el Ministerio de la Economía y de Finanzas, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Banco Central del Ecuador y la mesa económica del Congreso Nacional. Si bien, estas organizaciones cuentan con cierta autonomía para ejercer sus funciones, tienen cierto sesgo a la hora de ejecutar sus acciones, están muy marcadas por los intereses de grupos de poder u organizaciones externas al gobierno que desean cierto rédito (por ejemplo, con el diseño de exenciones tributarias a sectores en particular, planes de apoyo del gobierno).
Es inevitable que las organizaciones encargadas de ejercer las funciones del Estado estén influenciadas por intereses externos, pero si la acción de esas organizaciones está únicamente en función de esos intereses, se descuida el principio del bienestar general y progreso colectivo.
El desarrollo económico se promueve no solo a través de la emisión de reglas, sino también con la creación de condiciones que faciliten el desarrollo de los mercados como la infraestructura de comunicaciones, los trámites para iniciar un negocio y mantenerlo, la capacidad del sistema de justicia, la seguridad física, la seguridad jurídica. Si se descuidan estos aspectos, se le restan incentivos para el desarrollo de actividades económicas, y el Ecuador está mul mal en ese aspecto. De acuerdo con el indicador Doing Business del Banco Mundial, Ecuador ocupa el lugar 123 de 170 en el indicador que mide la capacidad para hacer negocios, y esto dice mucho de la eficiencia de las instituciones encargadas de la gestión macroeconómica y empresarial de la nación.
Fuente: Doing Business in Ecuador,
Acceso: 7 de junio de 2007